El operativo de la Fiscalía contra la cadena de lencería más grande del país no solo abrió un expediente penal. Dejo en vilo a talleres, transportadores y proveedores que no tenían nada que ver con lo que ocurría arriba. «siguen abiertas las tiendas Lili Pink»
El lunes 27 de abril, agentes del CTI con apoyo del Ejercito Nacional ejecutaron de forma simultánea allanamientos y medidas de extinción de dominio en 405 locales comerciales de Lili Pink, Yoi y Lili Beauty en 59 municipios de 25 departamentos del país. Las autoridades estiman que el lavado de dinero dentro de la organización asciende a 730.000 millones de pesos, con un enriquecimiento ilícito adicional superior a los 430.000 millones. La DIAN decomiso mercancías por 54.000 millones de pesos, principalmente prendas de vestir, juguetes y cosméticos.
Según la Fiscalía, la organización habría operado durante aproximadamente dos décadas a través de importadoras, comercializadoras y sociedades de papel que simulaban operaciones de comercio exterior para ingresar recursos ilícitos y mercancía de contrabando al país.
Es uno de los operativos más grandes contra el sector textil en la historia reciente de Colombia. Y deja una pregunta abierta para la industria: que pasa con quienes estaban en la cadena sin saber lo que ocurría arriba.
La empresa: quien es quien
Lili Pink fue fundada en 2006 en el barrio Toberín de Bogotá por Max Abadí y su hijo David, descendientes del empresario textil Hyman Abadi. En menos de una década se posiciono como la cadena líder de ropa interior femenina en el segmento minorista, por encima de competidores de larga trayectoria como Leonisa. En 2015 fue vendida al holding panameño Lili Brands. Hoy, la operación en Colombia está a cargo de Fast Moda S.A.S., empresa con sede en Tenjo, Cundinamarca, cuyo único accionista es la sociedad panameña Bestsea Blue S.A.
Una de las alertas que activo la investigación fue la curva de crecimiento patrimonial: entre 2020 y 2025, el patrimonio neto de Fast Moda S.A.S. aumento 5.531 veces, pasando de 10 millones de pesos a más de 55.000 millones, según datos de la Cámara de Comercio de Bogotá.
A corte de 2024, la empresa reportaba ingresos anuales de 514.881 millones de pesos, activos superiores a 295.000 millones, un endeudamiento del 89,6 % y más de 2.300 empleos directos en Colombia. El 80 % de esa fuerza laboral está compuesta por mujeres, en su mayoría madres cabeza de familia.
Las tiendas siguen abiertas. Por ahora
La Sociedad de Activos Especiales —SAE— asumirá la administración operativa y financiera de los 405 locales intervenidos. Los establecimientos mantienen su atención al público de manera habitual y no hay cese de actividades mientras avanza el proceso judicial.
La continuidad operativa no garantiza permanencia. Si durante el juicio se comprueba el origen ilícito del patrimonio, se emitirá sentencia de extinción de dominio que trasladaría la propiedad al Estado. En ese punto, se definiría si la marca se liquida o se subasta a terceros.
El abogado Rubén Castiblanco, de Centro Jurídico Internacional, preciso que la empresa no puede acogerse a un proceso de insolvencia: la Ley 1116 de 2006 aplica a empresas en crisis financiera, no a entidades bajo extinción de dominio.
El impacto en la cadena: proveedores y talleres
Este es el Angulo que le corresponde a Mundo Textil.
Para Cristian Quiñonez, exsubdirector de la DIAN, el impacto no se mide solo en términos legales sino también sociales: unos 3.000 empleos dependen de la operación de la empresa. Quiñonez advierte que cualquier decisión deberá considerar el efecto sobre trabajadores y proveedores para evitar daños en el tejido productivo.
Los talleres de confección, transportadores y fabricantes de insumos que trabajaban con la cadena no están siendo investigados, pero si están expuestos. Si la cadena de pagos se interrumpe bajo administración de la SAE, los contratos en curso quedan en una zona gris. Ese es el riesgo concreto para el proveedor de buena fe, y es el que el gremio debe monitorear de cerca en las próximas semanas.
El brazo social: que pasa con la Fundación
La Fundación Los Sueños de Lili operaba programas con resultados documentados. La iniciativa Te Llego trabajaba salud menstrual y educación sexual en Bogotá, Medellín, Cali, Soacha y el Magdalena. En agosto de 2024 inauguro sus primeras Lili Aulas en el Magdalena con una inversión superior a 385 millones de pesos, llegando a más de 2.000 adolescentes. Era trabajo real, en territorios con necesidades concretas.
Que ocurrirá con esos programas bajo administración del Estado es una pregunta que todavía no tiene respuesta.
Lo que la industria textil debe leer aquí
El caso Lili Pink no es solo un expediente penal. Es una muestra de cómo funciona el contrabando textil en Colombia: empresas de papel constituidas en serie, facturas de IVA sin respaldo real, subfacturación de mercancía importada y funcionarios de la DIAN comprometidos en los tramites. Ese esquema no surgió de la noche a la mañana ni opero en el vacío.
Para el confeccionista o proveedor que compite de forma legal en este mercado, la pregunta pertinente no es si Lili Pink merece protección como unidad productiva. Es cuantos competidores suyos operan con el mismo modelo que acaba de ser desmantelado, y si las autoridades irán por ellos también.
La justicia debe seguir su curso. Los trabajadores y proveedores de buena fe merecen claridad sobre su situación cuanto antes. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.
Nota de redacción: todos los cargos mencionados son presuntos. El proceso está en etapa de investigación. Mundo Textil mantendrá seguimiento al caso.
